La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) admitió la denuncia interpuesta por organizaciones humanitarias contra el estado de México, por los atropellos sexuales cometidos contra decenas de mujeres por parte de policías mexicanos, informó este lunes en San José una de las entidades demandantes.
La CIDH “admitió el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, el cual trata sobre la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 por parte de la policía”, indica un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La demanda fue interpuesta por CEJIL y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) el abril de 2008.
“La notificación fue recibida el pasado viernes, 18 de noviembre”, indica el documento distribuido a la prensa en la capital costarricense.
El caso admitido por la CIDH involucra detenciones arbitrarias, torturas, uso desproporcionado de la fuerza y violaciones sexuales perpetradas por policías estatales y federales durante la represión de una protesta social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México.
Además, “las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades, pues estos hechos continúan en la impunidad”, indicó CEJIL.
A partir de este momento, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presente su defensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano del sistema interamericano que cumple funciones de fiscalía con potestades exclusivas para accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en tanto que CEJIL es una organización civil coadyuvante.
Tras cumplirse el procedimiento anterior, es posible que la Comisión presente el caso ante la Corte, que tiene su sede en la ciudad de San José.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, comentó que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del
Estado”.
Ya en agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la misma Corte a causa de agresiones sexuales y torturas cometidas por soldados mexicanos en contra de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero, recordó Krsticevic.
Exigen a FECAL cumpla sentencia de caso Radilla
Al menos 79 organizaciones nacionales e internacionales, así como intelectuales, exhortaron al presidente Felipe Calderón a hacer efectivo su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por soldados en 2002.
Luego de los dos fallidos actos de reconocimiento público de responsabilidad por parte del gobierno federal en los agravios a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Campo Algodonero y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac, en una carta las ONG instaron a Calderón a evitar las fallas que han llevado a los familiares de las víctimas y a sus representantes a desconocer los eventos organizados por la Secretaría e Gobernación (Segob), dependencia encargada de coordinar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En la misiva, demandan “evitar una repetición de los desafortunados hechos ocurridos en los actos públicos realizados en el marco de las sentencias conocidas como Campo Algodonero y Rosendo Radilla, los cuales no cumplieron con las expectativas de las víctimas ni con los mínimos ordenados por el tribunal interamericano”.
En esos casos, los familiares de las víctimas y sus representantes no acudieron a los actos luego acusar a la Segob de incumplir con los acuerdos pactados en meses de negociaciones; de ahí que a ninguno de esos eventos acudieran los familiares de las víctimas ni sus representantes.
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